Generalitat contra llibertat

Hace poco más de dos años entró en vigor en España la ley del cine, ley bastante intervencionista, pero, visto lo visto, tolerable. Sin embargo, la ley del cine catalán que se anuncia ahora excede el intervencionismo para entrar claramente en el totalitarismo.


¿Debe el Estado, y no hay que olvidar que la Generalitat es parte de él, inmiscuirse en la vida de las personas hasta el punto de decirles cómo deben actuar en situaciones que no afectan a derechos fundamentales de otras personas? En concreto, ¿puede la Generalitat decir a un empresario en qué idioma debe vender su producto? Es indudable que los ciudadanos deben tener información que puedan entender respecto a los bienes y servicios que afecten a su salud y alimentación, pues son necesidades básicas para su vida y, en este sentido, la propia legislación española tiene un IVA reducido para alimentos y medicamentos. Quiero decir que las etiquetas de los alimentos o de los medicamentos tienen que estar en un idioma comprensible por los ciudadanos españoles, que por ley debe ser el castellano (ahora no entro en si, además, deben estar en otras lenguas oficiales y tener doble o triple etiquetado); no puede permitirse que el prospecto de un medicamento esté escrito sólo en inglés o que la etiqueta de un alimento esté sólo en japonés.


Pero, ¿por qué se obliga a empresarios particulares, a ciudadanos, a exhibir en sus locales una parte de las películas en catalán? Es indudable que el idioma de una película no es un problema de primera necesidad: no afecta a la alimentación ni a la salud. La razón, para la Generalitat ahora y, en menor medida, para el Gobierno hace dos años, es la protección de un idioma o, más grandilocuentemente, de una cultura, anteponiendo el derecho del idioma al derecho del empresario. ¡Cuántas veces hay que repetirlo para que cale en nuestros dirigentes: los idiomas no tienen derechos, ni los territorios ni las naciones ni las culturas; los sujetos de los derechos son los individuos!


Este tipo de leyes proteccionistas manifiestan su esencia ridícula al extrapolarlas a otras actividades económicas. Así, ¿cómo serían una discoteca o una radio en la que una parte de las canciones que programan estuvieran "dobladas" (traducidas) al catalán por un cantante distinto del original? Por otra parte, creo que cualquiera tiene derecho a abrir un establecimiento, por ejemplo un bar, y anunciar sus productos y dirigirse a sus clientes en el idioma que desee. ¿Por qué no puede haber en cualquier lugar de España un bar inglés con la carta en inglés y con camareros que únicamente hablen inglés?


La protección del idioma catalán que a algunos les parece progresista, como se define a sí mismo el propio partido socialista que la propone, nos hace perder otra oportunidad de acceder a la "primera división" europea. ¿Por qué no damos un verdadero paso adelante y fomentamos, sin prohibiciones ni obligaciones, las películas en versión original subtituladas? Esto se hace en muchos lugares (Portugal, Holanda, Escandinavia...), con la consecuencia lógica de un mayor dominio de idiomas extranjeros por parte de su población. UPyD está en esta línea.


En definitiva, el Estado debe dejarnos en paz en nuestros propios asuntos y si quiere conseguir ciertos fines, que los incentive, que eduque a la población, pero que no legisle en contra de nuestra libertad.